El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación se resolvió con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un extenso debate que expuso fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.

El proyecto, impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia.

Durante el debate, Bullrich defendió la norma al afirmar que "cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad", y sostuvo que la reforma apunta a "proteger a los adolescentes y reparar a las víctimas". La ministra celebró la sanción como un cambio de paradigma en materia penal.

Desde el peronismo, en cambio, cuestionaron el enfoque punitivo de la ley y advirtieron que el presupuesto previsto -$23.700 millones destinados a las provincias- resulta insuficiente para adecuar infraestructura y crear dispositivos especializados. Legisladores como Jorge Capitanich alertaron que sin recursos suficientes la norma podría convertirse en "letra muerta".

También expresaron reparos sobre la constitucionalidad del texto. El senador Gerardo Zamora sostuvo que la iniciativa podría generar litigiosidad, mientras que Martín Soria afirmó que el proyecto contiene "errores graves y peligrosos".

Qué establece la nueva ley

La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con procedimientos diferenciados y garantías reforzadas. Se establece la presunción favorable a la minoría de edad y la prohibición de que menores de 18 años compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.

El régimen incorpora principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de la libertad, priorizando la resocialización. Las sanciones previstas incluyen medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación. La prisión será de aplicación excepcional y solo en casos de delitos graves, con límites estrictos de tiempo.

Además, se garantiza la intervención temprana de equipos interdisciplinarios, el derecho del adolescente a ser oído y la participación activa de su familia. La ley también otorga un rol central a las víctimas, asegurando asistencia jurídica y psicológica, y la posibilidad de intervenir en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

En el caso de menores inimputables, el texto dispone la intervención de la justicia civil con medidas protectoras o curativas, y establece la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.